El pasado viernes 16 de Marzo de 2012 se llevó a cabo la lectura de la sentencia en el juicio realizado por el asesinato del abogado Carlos Alberto Moreno, realizado en la ciudad de Tandil. El acto contó con la presencia de la Secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA y CTA Bs As, Rosana Merlos, con la Juventud de la CTA, y los responsables de las regionales de Olavarría y Tandil y de la seccional Mar del Plata del SUTEBA y la CTA Buenos Aires,
En el juicio quedó demostrado que a Moreno lo secuestraron el 29 de abril de 1977 a punta de pistola en Olavarría y lo llevaron a Tandil. “Permaneció en cautiverio hasta el 3 de mayo en la chacra de los hermanos Méndez. Lo sometieron a picana eléctrica e interrogatorios en condiciones deplorables. El 3 de mayo de 1977, logró escaparse a la chacra lindera, con saco y sin camisa, con los zapatos en la mano y el dedo gordo del pie lastimado e infectado, con magulladuras en la espalda y en el cuello.” Lo encontró uno de sus secuestradores que lo recuperó una vez a los tiros. Moreno logró escapar otra vez, pero fue recapturado y llevado a lo de los Méndez. Ese día, 3 de mayo, decía el alegato, “en total estado de indefensión Moreno recibió por lo menos un disparo en el pecho a corta distancia, lo que provocó su muerte”.
Por estos hechos, los jueces condenaron a los cinco acusados. Tommasi era el jefe de área; Pappalardo estuvo a cargo del procedimiento y ordenó liberar a uno de los que lo persiguió a los tiros. Y Ojeda persiguió a los tiros a Moreno. Para los jueces, los tres fueron autores directos. Les suspendieron el goce de la jubilación, ordenaron el arresto en una sede del Servicio Penitenciario Federal y pidieron la destitución del rango de militares.
La condena de los Méndez fue otro eje de la sentencia. Fueron considerados partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad y tormentos. Los jueces sostuvieron que fueron “delitos cometidos en el marco de un genocidio por una dictadura cívico-militar”.
Ante la posible responsabilidad de la empresa Loma Negra en el crímen, la sentencia judicial dice: “Ante el convencimiento de que las pruebas acumuladas hacen sospechar que integrantes del directorio de la cementera Loma Negra pudieron inducir los delitos, corresponde remitir las copias de los antecedentes para que los investigue la Justicia”.
Finalmente, la sentencia recogió otro reclamo: la responsabilidad del Poder Judicial. El testimonio del juez Carlos Pagliere que intervino en aquellos años ejemplarmente en la instrucción fue clave: relató cómo intentó pedir auxilio en la Corte bonaerense y los ministros después de sugerirle que se aparte y de un llamado de Smart, le anunciaron que el Primer Cuerpo del Ejército había informado que Moreno acababa de morir en un enfrentamiento. Hoy está probado que ese comunicado se tramitó en la Corte el 9 de mayo: ayer, los jueces pidieron la apertura de un sumario por convalidar lo que falsamente se documentó.
Con esta sentencia se profundiza el camino de Memoria, Verdad y Justicia, ya que se amplía el horizonte de responsables. Ya no solo son juzgados los militares, sino que también se pone bajo la lupa la responsabilidad de civiles en el genocidio perpetrado por la dictadura civico-militar, entre 1976 y 1983.
