12/02/2019

En enero de 2019, alrededor de 27 mujeres, travestis y trans fueron asesinadas en contextos de violencia machista: una cada 27 horas.

Una cifra que alarma y que varía según cada informe. La Argentina es un país donde no hay registros oficiales sobre femicidios. Las organizaciones de mujeres o vinculadas a la temática son las que llevan adelante el relevamiento con información extraoficial, dependiendo muchas veces de las publicaciones en los medios.

Si no aparecen en el diario no forman parte de las estadísticas. El femicidio es la expresión más extrema de la violencia hacia las mujeres, lesbianas, travestis y trans que requiere de políticas públicas. Para ello, es necesario un mapa de situación. Con estadísticas dispares que abonan al descreimiento o la invisibilidad por parte de la sociedad, con botones antipático que no funcionan o que llegan tarde porque no son suficientes, con una perspectiva de abordaje puesta sobre la idea de la ciudad urbana en desmedro de la localidad pequeña o rural y con un presupuesto irrisorio y hasta burlón de $11 por día por mujer a nivel nacional; el paradigma punitivo surge por sobre otras definiciones necesarias vinculadas con las políticas sociales.

Se estima que alrededor del 20% de las víctimas han denunciado previamente a su victimario, lo que demuestra que existía decisión de alejarse del agresor. El cumplimiento de las medidas de no acercamiento o exclusión del hogar es vulnerado casi sistemáticamente. El control del mismo depende de la celeridad de la mujer en llamar por teléfono y del accionar de las fuerzas de seguridad. Hay deudas en materia de derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans que se agravan con el deterioro y el desmantelamiento de programas gubernamentales, los recortes presupuestarios y la reducción de los equipos de profesionales para la atención integral.

La imposibilidad de hacer uso de licencias laborales por vivir situaciones de violencia pone también en riesgo las vidas, imposibilitando el acceso a medidas de resguardo y seguridad de la potencial víctima y su familia.

La falta de implementación de la Ley de ESI en todas las Escuelas también es una deuda por parte del Gobierno. Ésta es estratégica para que niñxs y adolescentes tengan la oportunidad de problematizar estereotipos de género, abordar las relaciones afectivas entre adolescentes y visibilizar situaciones que vulneren derechos como el abuso sexual para la construcción de relaciones democráticas e igualitarias para la prevención y erradicación de la violencia.

Sabemos que una de las maneras de desnaturalizar un concepto o idea es reflexionando sobre el carácter social e histórico de lo que, a simple vista, es presentado como único y permanente; por eso lxs Trabajadorxs de la Educación, que somos la mayoría mujeres, tenemos el derecho a que se cumplan y respeten los espacios de formación y capacitación que establece la Ley y que es negado por el Gobierno Nacional y Provincial.

El mes de enero de 2019 ha sido impactante en relación a los femicidios, violaciones grupales, ataques homolesbotransfóbicos. Conmovieron y movilizaron a las comunidades, fueron noticia en los medios de comunicación durante las 24 hs. de cada día.

El silencio del Gobierno Nacional y Provincial también.