Entendemos que los derechos al honor, buen nombre, integridad – física y moral – y privacidad de las personas no pueden ni deben quedar a merced de la capacidad coercitiva del Estado, cuando violentan las reglas de la mesura, el respeto y la responsabilidad por los propios actos estatales.

En este caso, la colocación de las videocámaras en escuelas, atenta sin duda alguna contra la libertad de los niños/as y adolescentes que ya no podrán actuar libremente sino que serán vigilados por la autoridad educativa mediante filmaciones cuasi persecutorias. De igual modo se ve afectada la práctica docente de los trabajadores de la educación incidiendo negativamente en su desempeño y espontaneidad.

Es por ello, que nos oponemos a estas medidas de control social en las escuelas públicas, teniendo en cuenta fundamentalmente los principios establecidos en la legislación nacional e internacional vigente, entendiendo que las mismas son violatorias de:

El derecho a la intimidad
El derecho a la propia imagen y la reserva de la misma
El derecho al honor
El derecho a la privacidad

Consejo Ejecutivo Provincial
SUTEBA