22/02/2016

Durante la Comisión Técnica de Condiciones de Trabajo realizada el jueves 18, SUTEBA retomó la propuesta que fue elaborada en 2015 y traducida en la Resolución 2672, firmada por la gestión anterior. Dicha resolución plantea la obligación del Estado en tomar medidas de resguardo y de reparación pública cuando los docentes atraviesen situaciones de voilencia, denuncias penales o investigaciónes sumariales y se deslindan responsabilidades o se los declara inocentes desde ambitos judiciales. El acto reparatorio y público debe realizarlo alguna autoridad de la DGCyE, del nivel central, provincial o los Jefes Distritales ante la comunidad educativa de la escuela donde ocurrió el hecho.

Otros puntos plasmados en esta Resolución N.º 2672/15 están relacionados con la responsabilidad del empleador, de hacer las denuncias per t inentes cuando un docente es víctima de violencia . La DGCyE debe informar y asesorar al trabajador sobre los pasos a seguir jurídicamente y está obligada a prestar atención médica y psicológica el tiempo necesario que cada caso amerite.

Un reclamo fundamental es que el empleador, debe velar por la integridad de los trabajadores los alumnos y alumnas y la Escuela ante los medios de comunicación cuando éstos estigmatizan, difaman, mienten o divulgan falsedades en relación a la situación ocurrida.

Concretamente, en esta Resolución N.º 2672/15 se plasman reclamos que surgen del Programa de Intervención en Situaciones de Violencia en el Ámbito Escolar que desde SUTEBA, conformamos las Secretarías de DDHH, Gremial y Salud. Estos puntos recog i eron las demandas de compañeros que atravesaron estas situaciones a lo largo y ancho de la Provincia de Bs. As. y fue refrendada por el FGDB. En esta reunión, se exhortó a esta nueva gestión para que los términos de esta resolución estén refrendados por un Acuerdo Paritario que obligue al Estado provincial a dar cumplimiento.

Por su parte, la Subsecretaria de DDHH del SUTEBA, Patricia Romero Díaz, declaró: "Acordamos seguir trabajando en esta mesa para reveer la Circular Conjunta Nº1 del 2012 de la DGCyE y toda la normativa vigente para realizar aportes que las enriquezcan y garanticen el resguardo de los docentes en su ámbito laboral".

A su vez, Romero Díaz explicó: "Vamos a analizar las situaciones de conflicto y violencia en el ámbito laboral, en este primer tramo, los ocurridos entre adultos. Analizaremos particularmente este tipo de situaciones y en un mes nos volveremos a reunir en la mesa paritaria de Condiciones de trabajo para tratar los avances y aportes realizados".

Desde el SUTEBA planteamos que la mejor forma de abordar estas situaciones es la prevención, la anticipación de estos conflictos es posible hacerla habilitando en las escuela tiempos institucionales y colectivos en los que los docentes diseñen proyectos Institucionales y posibles intervenciones ante hechos de violencia. De la misma manera se le señaló al Estado que tiene la obligación de instrumentar medidas de resguardo para las y los trabajadores de la Educación en la prevención; en las intervenciones en el emergente de la situación; y después, en los daños y/o consecuencias que pueden ocasionarle estos hechos de violencia a la institución, a los trabajadores y a los alumnos.