19/12/12 El represor y ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, Jaime Smart, fue condenado a prisión perpetua en el marco de la causa por el Circuito Camps. Además, se ordenó arrestar al ex ministro de Justicia Alberto Rodríguez Varela.Estuvieron presentes en la sentencia Rosana Merlos, Secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA, la Secretaria General de SUTEBA La Plata, Graciela Saad y numerosos compañeros de toda la zona. A la espera de la sentencia, hubo stands (entre los que se encontraban los de SUTEBA y CTA Bs As), una radio abierta y recitales de distintas bandas.

Los 23 acusados por los crímenes cometidos en el llamado Circuito Camps fueron condenados, 16 de ellos a prisión perpetua. Los delitos fueron definidos como genocidio. Los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone condenaron a Smart a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Rubinstein, abogado del grupo Graiver, secuestrado en una trama que se desarrolló en el corazón de Papel Prensa, y por 57 privaciones ilegítimas de la libertad.
Los jueces también impulsaron una investigación por los otros 32 homicidios probados durante el juicio y ordenaron la detención inmediata y reclamada desde hace años del entonces fiscal de estado bonaerense Alberto Rodríguez Varela, que luego fue ministro de Justicia, porque los testimonios probaron que entrevistó a los Graiver en Puesto Vasco.
Entre los aspectos más salientes de la sentencia (más allá de la condena), se ordenó investigar a Emilio Grasselli, el ex vicario castrense del Ejército y por primera vez sobre el Seminario Mayor San José de La Plata. Ese lugar, evocado por los secuestrados como el espacio desde donde oían el sonar de las campanas desde el cautiverio en la Comisaría 5ª, proveía comida al centro clandestino, según probaron las testimoniales de este juicio. Se ordenó además investigaciones a los “cómplices” de la justicia federal, provincial y de Policía de la Provincia de Buenos Aires que aún siguen pendientes. Y los jueces le pidieron a los ejecutivos de Nación y de Provincia instrumentar los medios para desafectar los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención para preservarlos como sitios de la Memoria. Especialmente enfáticos fueron con el Pozo de Arana y la Comisaría 5ª.