03/10/2018

El martes 2, la Secretaria de Jubilaciones del SUTEBA, Marina Mapelli, junto con la FEB, realizaron una presentación ante el Subsecretario de Capital Humano del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires para impugnar la Resolución Nº 84/18, que reglamenta y regula el Retiro Voluntario en el trabajo docente en contraposición a lo que establece nuestro Estatuto, ya que introduce esta variable que no se encuentra contemplada en la legislación de fondo y se contradice con las normas estatutarias.

El retiro voluntario se encuentra expresamente contemplado en la Ley Nº 10.430, por lo que sólo puede afectar a Auxiliares y Administrativxs de la DGCyE. Ante una crisis autogenerada por el mismo Gobierno, la Gobernadora Vidal propone un régimen muy parecido al de los gobiernos neoliberales de Menem y De la Rúa, en los cuales se abrió esta posibilidad.

Los retiros voluntarios son una trampa, un espejismo para Trabajadorxs de cara al futuro, sobre todo y teniendo en cuenta la gran disminución del campo laboral privado, cada vez son más las empresas que desaparecen, con crecientes índices de desocupación, con gran estancamiento de la economía debido a las medidas tomadas por el Gobierno: la receta clásica de un modelo que ajusta sobre lxs Trabajadorxs. Se van del Estado buscando una salida a lo privado que no van a tener y tampoco podrán volver a trabajar, por cinco años, en ningún organismo en que el Estado participe. Saldrán de un ámbito laboral con estabilidad para incorporarse al "mercado" que está sujeto a los vaivenes de las políticas dictadas por el FMI.

Esta propuesta es una maniobra más de este Gobierno para desmantelar el Estado buscando su precarización, siguiendo las recetas expresas del Fondo Monetario. De esta manera, también el Gobierno Provincial pretende desfinanciar el IPS. Como siempre sostenemos, para ello han elaborado un plan meticuloso, que lleva un innumerable conjunto de medidas con el objetivo de desfinanciar el IPS y desmantelar el Estado Provincial para justificar la asistencia financiera desde la Nación, comprometiendo la autonomía de nuestra caja previsional, nuestro trabajo y nuestros derechos tal como lo prevé la Ley Nº 27260 (Ley de Reparación Histórica). Este es un plan articulado entre la Nación y la Provincia para entregar nuestras conquistas de derechos al Fondo Monetario Internacional.