29/07/2013

El gobierno nacional dispuso una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de los militares retirados Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, que sonrieron hace tres semanas al escuchar su condena por delitos de lesa humanidad y se fugaron el jueves último del Hospital Militar Central.

La causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadío y quien aparece con un rol protagónico en el proceso que derivó en la fuga es la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada hasta ayer del área de salud mental del Argerich y quien gestionó en San Juan una insólita autorización para justificar un traslado de mil kilómetros por problemas psiquiátricos y dermatológicos. Distintas carteras del Ejecutivo denunciaron a los jueces que ordenaron el traslado, a los agentes del Servicio Penitenciario Federal responsables de custodiar a los presos y a militares del Argerich.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidió el pase a retiro y relevo de siete militares que ocupaban cargos de conducción en el hospital. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pasó a disponibilidad a siete penitenciarios, ordenó que el SPF no traslade a ningún represor a ningún centro de salud militar y le solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, una acordada para que ningún juez envíe a represores procesados o condenados a unidades médicas de las Fuerzas Armadas. Desde SUTEBA expresamos nuestra preocupación por lo sucedido y creemos que deben darse todas las garantías para que nunca más un genocida pueda escaparse de su condena.