04/12/2018

El 3 de diciembre de 2018, salió publicada en el Boletín Oficial la Res.856/18 por la que se dicta el Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.

La norma ya había sido adelantada por la Ministra de Seguridad con motivo del G20.

La reglamentación rompe el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la ley de Seguridad Interior, porque:
1) Se pierde la noción de proporcionalidad al habilitar el uso de armas de fuego contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas.

2) La amplitud de situaciones que son caracterizadas como de "peligro inminente" habilita el uso de la fuerza letal contra personas que están huyendo o que forman parte de un grupo en el que hay una persona armada.

3) En algunos casos, los policías podrían saltearse garantías tan básicas como el principio de inocencia. Esto ocurre, por ejemplo, porque se otorga la posibilidad de disparar a personas que los policías suponen que podrían haber cometido un delito y se estén dando a la fuga, como ocurrió en el asesinato del niño Facundo Ferreira en Tucumán.

4) El nuevo reglamento no expresa que aun cuando se utilicen las armas de fuego los funcionarios deben reducir al mínimo los daños y lesiones y proteger la vida humana, como indican los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que la propia resolución invoca en los considerandos.

5) Tampoco explicita que se deberá hacer lo posible para excluir el uso de armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes, como indica el Código de la ONU1.

El Estado Nacional, el mismo que tiene la responsabilidad de proteger a todas las personas, es quien legitima el gatillo fácil y la violencia institucional.
Esta Resolución es una verdadera licencia para matar, aplaude la doctrina Chocobar, viola el principio de inocencia de las personas y consolida, un claro mensaje de amedrentamiento para el conjunto de la clase trabajadora de nuestro país, con quienes nos movilizamos en paz y organizadamente, defendiendo los derechos que día a día este gobierno nos arrebata, y justifica la "criminalización de la pobreza".
La norma para disparar, es el nefasto broche de oro que el Estado le está poniendo a su cotidiano accionar represivo.

Desde la CTA de lxs Trabajadores rechazamos categóricamente esta reglamentación y sostenemos que la misma rebasa los límites de la peligrosidad.

1 Estas ejemplos surgen del comunicado del CELS "El ministerio de seguridad promueve el uso abusivo de la fuerza letal y debilita los controles policiales" https://www.cels.org.ar/web/2018/12/uso-fuerza-letal/