01/03/2018

En el marco del 167 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma convocó el día de hoy a representantes de la sociedad civil y al estado argentino para exponer sobre la situación del Derecho a la protesta en Argentina.

Como parte de la sociedad civil, se convocó al CELS, SIPREBA, SUTEF, SUTEBA, CTERA y CTA.

Junto a otrxs representantes, la Secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA, Patricia Romero Díaz, tomó la palabra para denunciar violaciones por parte del Estado.

Romero Díaz denunció: "En Argentina, el deterioro y consecuente debilitamiento del ejercicio del derecho a la protesta social se ha manifestado en claros intentos de deslegitimación de las manifestaciones que procuran disuadir la participación de los reclamos".

"En el ámbito simbólico, la línea discursiva del Gobierno Nacional ha estado signada por la descalificación de las movilizaciones populares mediante la crítica de sus motivaciones y el ataque permanente a sus referentes, con el fin de generar en la opinión pública la deslegitimación de las organizaciones convocantes. En la misma línea, se enmarca la falta de habilitación de canales de diálogo y negociación para la resolución de los conflictos gremiales y sociales que subyacen a las protestas. Ejemplo de ello es la negativa de parte del Poder Ejecutivo Nacional de convocar a la Paritaria Nacional Docente, prevista en la Ley de Financiamiento Educativo, pretendiendo reemplazarla y derogarla por espacios no paritarios creados por Decreto en los que, además, se ofrecen compensaciones monetarias a los sindicatos participantes", expresó.

Luego, agregó: "El abuso de la conciliación obligatoria, así como el intento de revocar la personería gremial de algunos sindicatos, también constituyen graves impedimentos al ejercicio de los derechos de la libertad de expresión, de asociación o de reunión que se interrelacionan con el ejercicio del derecho a la protesta. Además, el Gobierno nacional y provincial despliegan distintas prácticas anti sindicales, como los descuentos aplicados durante el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, las impugnaciones de elecciones de Cuerpos de Delegadxs, como ocurrió con lxs docentes de Tierra del Fuego, inhiben el libre ejercicio del derecho a la protesta".

Y para finalizar, subrayó: "Éste cuadro presenta la constante búsqueda gubernamental de debilitar a las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el fin último de diciplinar a la ciudadanía en relación a sus derechos de organización y de expresión".

Por parte del Gobierno, la respuesta dada fue lamentable, ya que no sólo eludieron lo requerido, sino que también, falsearon la realidad.

Desde los diferentes organismos seguiremos velando por el resguardo del Derecho a la protesta.