08/05/2018

En un contexto económico y socialmente regresivo, de deterioro del poder adquisitivo de lxs Trabajadorxs, pérdida de fuentes y condiciones de trabajo, desde SUTEBA exigimos que terminen las acciones represivas desplegadas en estos últimos años por parte del Estado, con grave impacto en la vulneración de Derechos fundamentales para todxs lxs ciudadanxs de nuestro país, particularmente para lxs Trabajadorxs, sus organizaciones sindicales y nuestrxs niñxs y jóvenes.

Vemos cotidianamente como la Violencia Institucional (Violencia Estatal) se expresa en acciones relacionadas al hostigamiento, la represión, los arrestos, la intimidación y persecución, la violencia contra lxs jóvenes, lxs Trabajadorxs, actividades gremiales y dirigentxs sindicales por parte de la policía, gendarmería y otras fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.
Éstas sistemáticas violaciones de nuestros Derechos, ejecutadas por las fuerzas denominadas "de seguridad" del Estado, que en el marco de un sistema democrático debieran ser quienes garanticen el Estado de Derecho, fueron y son denunciadas por nuestra Organización Sindical ante la Justicia, en cada territorio de nuestra Provincia, y ante ámbitos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH (CIDH).

Esta oleada de Violencia Institucional, avalada por el discurso y por actos oficiales de "reconocimiento" ("Caso Chocobar") ya asesinó y continúa cobrándose vidas entre nuestrxs jóvenes de los sectores más vulnerados y vulnerables de nuestra población.
Vale recordar algunos nombres que dan cuenta de estas flagrantes violaciones a los DDHH:
Miguel Bru, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.


Casos de Gatillo fácil durante el corriente año:
El 12 de diciembre (2017), Juan Pablo Kukoc (18) muere en el Hospital Argerich, por el disparo por la espalda del policía Chocobar.
El 7 de febrero, un efectivo del grupo Halcón asesinó por la espalda al joven de 17 años Fabián Enrique, porque supuestamente habría intentado robarle el celular. El policía estuvo prófugo por 24 hs., hasta que se presentó en la comisaría 3° de Quilmes, y dio su versión de los hechos. La UFI 4 de Quilmes caratuló el hecho como homicidio, y se desafectó al policía de su cargo.
El 8 de marzo en Neuquén, A Facundo Agüero lo acusaron de robar un perfume, lo persiguieron y golpearon hasta dejarlo inconsciente. Pero en su billetera estaba el ticket de la perfumería. Ahora se debate entre la vida y la muerte.
El 11 de marzo en Tucumán, Facundo Ferreira, de 12 años, fue asesinado por un tiro en la nuca por la policía de Tucumán.
El 24 de abril en CABA, Matías Rodríguez fue asesinado por la espalda en el barrio de Flores, por un policía que se encontraba fuera de servicio. El adolescente, ex alumno de la EMEM 3, fue baleado el miércoles a las 23 hs., en la esquina de Eva Perón y José Martí de CABA.
Y así un sin número de situaciones que costaron la vida de tantos jóvenes, sin detallar los amedrentamientos que ocurren en las puertas de nuestras Escuelas y barrios.
Desde SUTEBA y CTA sostenemos que debemos seguir denunciando estas prácticas aberrantes para protegernos como ciudadanxs y proteger a nuestrxs jóvenes.
Asumimos el compromiso de recordar cada año el 8 de Mayo Día Nacional contra la Violencia Institucional y debatir el sentido de esta fecha en nuestras escuelas.


¿Por qué el 8 de Mayo?

En la madrugada del 8 de mayo de 1987, efectivos policiales de la comisaría de Ingeniero Budge asesinaron a balazos a tres jóvenes que se encontraban conversando en una esquina de esa barriada. El hecho conmocionó a la comunidad y fue el episodio más aberrante del accionar de lo que se dio en llamar como la "Maldita Policía" y puso en el marco del debate político de la época la conducta deliberada de las fuerzas de seguridad de "gatillo fácil".
El hecho movilizó al barrio y generó una fuerte resistencia social que instaló en la agenda política sucesos de la misma naturaleza que identificaban el modo represivo en que las fuerzas policiales intervenían en las barriadas populares de vastos lugares del país y en especial en la provincia de Buenos Aires.
Esta fuerte demanda social motivó que el Congreso Nacional sancionara por unanimidad el 28 de noviembre del 2012 la Ley 26.811 como Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, sancionada en el año 2012.
En los fundamentos de la Ley se reconoce el sentido de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.
Asimismo, se propone que en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acuerden la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional instituido con el objeto de consolidar la concepción democrática de seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los Derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Dispone, por último para cada uno de los parajes donde se hubieren perpetrado hechos de Violencia Institucional una señalización que lo determine como tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron.

¿Qué es la violencia institucional y policial?

Entendemos que la Violencia Institucional refiere a todo abuso de poder, físico o psicológico, que ejerce el Estado en cualquiera de sus niveles y dependencias sobre personas u organizaciones de la sociedad civil. Una de las formas en que esa violencia se manifiesta es precisamente a través de las fuerzas policiales que precisamente concentran el poder punitivo del Estado.
Muchas de esas prácticas institucionales violentas han sido naturalizadas por los sectores populares y no suelen ser identificados como abusos de poder. Son visibilizados como facultades "normales" y hasta "permitidas".
La violencia policial tiene su costado más demencial en el gatillo fácil, pero hay que buscarla también en determinadas prácticas de abuso policial como hostigamientos y persecuciones, operativos compulsivos de documentación, requisas, detenciones arbitrarias en la vía pública, o intervenciones que impliquen el uso de la fuerza sea en manifestaciones o en el marco de operativos de rutina de "seguridad" y "orden", en coimas, armados de causas que desde el ejercicio del poder convierten ese modo de intervención en un mecanismo de control y discriminación social.

Es necesario entonces desarticular aquellas prácticas, discursos y miradas que convierten a vastos sectores sociales como enemigos. Para ello y en primera medida es necesario reconocer nuestros Derechos, difundirlos y ponerlos en ejercicio. En este sentido la Ley N.º 26.811 y las jornadas de reflexión sobre la Violencia Institucional que ésta inspira pueden ser una herramienta útil a utilizar en las escuelas, centro de estudiantes, organizaciones barriales, sociales y juveniles.