El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta María Isabel Martínez de Perón, interrumpiendo su mandato constitucional. Las tres fuerzas (Ejército, Marina y Aeronáutica) conformaron una Junta Militar que ocupó el Poder Ejecutivo, subordinando a todas las fuerzas armadas y de seguridad, y a los demás poderes del Estado, a su conducción. La Junta ordenó la disolución de los poderes legislativos y la remoción de los miembros de las Cortes Supremas nacional y provinciales; dispuso la proscripción de los partidos políticos y Sindicatos y suspendió la vigencia de la Constitución Nacional.

Este golpe de Estado dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la más atroz dictadura que asoló nuestro país por más de siete años y que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30.000 personas; entre ellas, más de 800 Trabajadorxs de la Educación en el país y más de 400 en la provincia de Buenos Aires.

La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva que coordinaba acciones mediante el Plan Cóndor con las demás dictaduras que interrumpieron procesos democráticos en los países sudamericanos. Además, contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados, influyentes grupos de poder civil y económico, el Gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. Es por esto que hablamos de dictadura "cívico-militar", debido a que el gobierno genocida contó con la participación, anuencia, complicidad y responsabilidad de sectores económicos, eclesiásticos y mediáticos que favorecieron la aceptación social con campañas de desinformación, le ofrecieron un marco de "institucionalidad" y/o financiaron para verse beneficiados con las medidas regresivas impuestas.

Entre esas medidas, se amplió el horario de la jornada laboral, se redujeron los salarios, se desindustrializó el país a partir de la fuerte importación de productos del extranjero, lo que llevó al aumento de la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10 %.

Por esto les arrebataron la vida a 30.000 hombres y mujeres que luchaban por un mundo más justo, menos cruel y desigual.

El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la Ley Nº 25.633 creando el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia", con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, inamovible.

Hoy, a 50 años del inicio de la dictadura cívico militar genocida más sangrienta ocurrida en nuestro país, sostenemos que la Escuela Pública sigue construyendo MEMORIA, buscando VERDAD y exigiendo JUSTICIA para los genocidas militares y sus cómplices civiles. En un contexto de discursos negacionistas y reivindicacionistas decimos una y otra vez:

¡NUNCA MÁS! ¡SON 30.000!

¡Cárcel común para lxs responsables!

30.000 COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS, ¡PRESENTES!

¡AHORA Y SIEMPRE!

EL MAESTRO ISAURO ARANCIBIA, EL PRIMER DESAPARECIDO

La misma madrugada del golpe, Isauro Arancibia, Secretario General de la Agremiación de Trabajadores de la Educación Provincial (ATEP) y fundador y Secretario Adjunto de la CTERA entre 1973 y 1975, fue asesinado en Tucumán en la sede de su Sindicato, donde se encontraba junto a su hermano Arturo. La noche anterior, a la vuelta del sepelio de Atilio Santillán, Secretario General de la FOTIA, asesinado el día anterior en Buenos Aires, había cenado con un grupo de compañerxs del gremio. Se rumoreaba que esa noche se producía el golpe preanunciado por la mayoría de los medios. Le aconsejaban que se fuera, que no durmiera en su casa, pero él se oponía. A la medianoche, en medio de una tormenta formidable, después de dejar a cada compañerx en su casa, tenía que decidir dónde ir. Podía no volver a su pieza en el gremio, pero él no quería comprometer otra casa con su presencia. La decisión estaba tomada y también la de sus asesinxs: ese era el día señalado.

"Para imponer el proyecto educativo iniciado el 24 de marzo de 1976, se necesitaba la muerte de un Maestro. Para legalizar el desguace de la Nación, y miles de millones de dólares desaparecidos, se empezó robando a ese mismo Maestro un par de zapatos nuevos", dice Eduardo Rosenzvaig en su libro sobre Isauro.

Con el correr de los meses, más de 800 Docentes desaparecerían, entre ellxs varixs miembrxs de la Junta Ejecutiva Nacional de la CTERA, como Marina Vilte, de Jujuy, y Eduardo Requena, de Córdoba. Muchos otrxs militantes fueron encarceladxs, cesanteadxs, sufrieron exilios fuera del país o "exilios internos", como miles y miles de Trabajadorxs, Estudiantes e intelectuales.