El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas, que se conmemora cada 23 de septiembre, nos invita a reflexionar sobre una de las formas más crueles de violencia y violación de los Derechos Humanos. Este delito, que atenta contra la dignidad, la libertad y la vida, es un problema complejo que requiere una respuesta integral.
La prevención de la explotación sexual y la trata de personas comienza en el ámbito más cercano: la comunidad. Un entorno de cuidado, donde familias, Escuelas y comunidad estén atentas a las señales de alerta, es fundamental. La detección temprana de cambios de comportamiento, ausencias prolongadas o la presencia de personas sospechosas puede salvar vidas. La confianza y la comunicación abierta, especialmente con niñxs y adolescentes, son claves para que puedan expresar sus miedos y preocupaciones.
En la era digital, las redes sociales y plataformas de juego se han convertido en herramientas para el ejercicio de este delito. A través del grooming y perfiles falsos, se establecen relaciones de confianza para luego captar y coaccionar a sus víctimas.
Es crucial que tanto jóvenes como adultxs reciban Educación sobre el uso seguro de internet y las redes, aprendiendo a identificar y denunciar estos riesgos.
Las crisis socioeconómicas en algunas regiones de Latinoamérica y los procesos migratorios aumentan la vulnerabilidad de las personas, especialmente de mujeres y niñxs. La falta de empleo, la pobreza y la búsqueda de una vida mejor en otro país pueden llevar a situaciones de desesperación que son aprovechadas por las redes de explotación sexual y pedofilia.
Estas redes, que operan como un crimen organizado transnacional, se nutren de la precariedad y la falta de oportunidades.
La lucha contra la trata y la explotación sexual es una responsabilidad indelegable del Estado, tanto a nivel nacional como provincial. El Estado debe garantizar la prevención, la búsqueda de delincuentes, la protección y la asistencia a las víctimas. Esto implica:
• Aplicar las leyes nacionales (como la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas) y sus actualizaciones, y asegurar la correcta articulación entre las fuerzas de seguridad, la justicia y los organismos de asistencia.
• Cumplir con los pactos internacionales de los que Argentina es parte, como el Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este protocolo establece el marco de cooperación global para combatir este delito.
• Fortalecer la asistencia a las víctimas a través de refugios, apoyo psicológico y herramientas para la reinserción social y económica.
Las políticas nacionales en Argentina para combatir la trata de personas y la explotación sexual se encuentran en un contexto de desmantelamiento de programas. Si bien el marco legal sigue vigente, la aplicación y la capacidad operativa han sido afectadas por el desfinanciamiento.
A partir de finales de 2023 y durante 2024, el fuerte ajuste en las políticas públicas de género y derechos humanos ha impactado directamente en los programas de lucha contra la trata y la explotación sexual.
El Programa de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas ha sufrido modificaciones y recortes. Esto reduce la ayuda económica y la posibilidad de que las víctimas recuperen su autonomía y se reinserten social y laboralmente.
Estamos ante un panorama preocupante:
• Aumento de las denuncias digitales. Se ha notado un crecimiento en los casos de grooming y captación de víctimas a través de redes sociales, plataformas de juegos y otras herramientas digitales, lo que requiere una adaptación urgente de las estrategias de investigación y prevención.
• Rescates y asistencias. Datos del primer trimestre de 2025 indican el rescate de 150 víctimas. El Programa de Rescate sigue operativo, aunque se advierte sobre una menor capacidad de intervención en el territorio.
• Vulnerabilidad. La explotación sexual sigue afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas. En el período 2021-2024, la PROTEX recibió 321 denuncias de trata de personas con discapacidad, de las cuales el 68% de las víctimas eran mujeres. Esto demuestra que la vulnerabilidad se agrava cuando se suman otros factores de riesgo.
La situación actual evidencia que la lucha contra la trata requiere una responsabilidad estatal ininterrumpida y no puede depender de los vaivenes políticos. El desfinanciamiento y la desarticulación de programas ponen en riesgo la vida y la seguridad de miles de personas.
La Educación Sexual Integral (ESI) es una herramienta fundamental en la prevención de la explotación sexual. Al brindar conocimientos sobre el cuidado del cuerpo, el respeto por la afectividad y la valoración de la intimidad, la ESI empodera a niñxs y adolescentes para reconocer situaciones de riesgo, poner límites y denunciar cualquier tipo de abuso. La ESI fomenta la autonomía y la capacidad de decir "no", elementos esenciales para resistir las manipulaciones.
Sugerimos la lectura de "¿QUIÉN ESTÁ DEL OTRO LADO? ¿CUÁL ES SU INTENCIÓN?":
Entrevista a Leandro Galletti, del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming dependiente de la Cámara de Diputados de la Prov. de Buenos Aires. Revista Siete3Siete – Territorio de Libertad.
PANTALLAS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS: LA ESI FRENTE A LOS DISCURSOS Y VIOLENCIAS EN LÍNEA: https://acortar.link/ohDAfn
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