Recordamos a la Masacre de Napalpí como uno de los episodios más atroces de violencia estatal y de violación a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios en nuestro país.

La Masacre de Napalpí ocurrió el 19 de julio de 1924, cuando más de un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a integrantes de las comunidades qom y moqoit que se encontraban reclamando mejores condiciones de vida y de trabajo en la reducción. Ese día fueron asesinadas, mutiladas y enterradas en fosas comunes más de 200 personas: niñas, niños, mujeres, hombres, ancianas y ancianos. La represión continuó durante meses con la persecución de quienes habían logrado sobrevivir.

Estos hechos fueron reconocidos por la Justicia Federal como un crimen de lesa humanidad. Si bien el paso del tiempo impidió que existan responsables vivos para ser juzgados, el Juicio por la Verdad constituyó un paso fundamental al establecer la responsabilidad del Estado y de sectores civiles en un plan de exterminio. Esa sentencia representó una forma de reparación histórica, pero también reafirmó la importancia de mantener viva la memoria y de fortalecer el compromiso con la verdad y la justicia.

Recordar Napalpí también implica revisar críticamente la historia de nuestro país, desmantelar los relatos que invisibilizaron el genocidio de los pueblos indígenas y reconocer que la conformación del Estado Argentino estuvo atravesada por políticas de despojo, persecución y exterminio. Mantener viva esta memoria desde la Educación Pública es una herramienta indispensable para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Desde las Secretarías de Políticas Culturales y Ambientales y de Derechos Humanos asumimos el compromiso de visibilizar la Masacre de Napalpí y de poner en valor la cosmovisión de los Pueblos Originarios, especialmente su vínculo con el cuidado del ambiente. Frente a una mirada moderna y eurocéntrica que históricamente concibió a la naturaleza como un recurso para explotar, los Pueblos Originarios sostienen una relación de profunda interdependencia entre la sociedad y la naturaleza. Cuando se daña el ambiente, también se daña la vida de las comunidades. Recuperar esa mirada desde la Educación Ambiental Integral resulta indispensable para pensar un presente y un futuro más justos y sostenibles.

En un contexto en el que el Gobierno Nacional continúa avanzando sobre los derechos de las comunidades originarias mediante la Ley de Extranjerización de la Tierra y hechos de represión (como los desalojos violentos sufridos por la comunidad diaguita Las Pailas en Cachi, donde fuerzas de seguridad ingresaron sin orden judicial y agredieron a quienes habitaban ancestralmente ese territorio), recordar Napalpí no es solo un ejercicio de memoria: es una forma de denunciar la continuidad de prácticas de violencia institucional y de reafirmar la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.

Estamos convencidxs de que la Educación es una herramienta para ejercer la esperanza y construir un horizonte de bien común, donde la igualdad, el respeto y la justicia sean posibles. Ese horizonte se construye todos los días con trabajo colectivo, compromiso y memoria.

Proteger los derechos de los Pueblos Originarios es reconocer nuestra historia, defender nuestra diversidad cultural y abrazar una forma de entender el mundo que pone en el centro el cuidado de la vida y del ambiente.