¿POR QUÉ UNA LEY DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR?

13/08/12 Con la herencia de años de desinversión hoy, más que nunca, es imperiosa la necesidad de una Ley de Infraestructura Escolar que dé vuelta definitivamente la página de la exclusión de miles de pibes que en la Provincia de Buenos Aires de los años 90 “la miraban desde afuera”.
Las huellas de las luchas de la Central de Trabajadores se reconocen en cada logro; en cada avance: la Asignación Universal por Hijo, la ley de Educación Provincial y la Nacional, la ley de Infancia y Adolescencia, la Ley de Financiamiento Educativo, la ley de Participación de los Trabajadores en Salud y Seguridad. Todas siguen construyendo el camino de la universalidad del derecho a la educación en condiciones dignas de enseñar y aprender.




SITUACIÓN ACTUAL:
Si bien hubo avances, estos no terminan de consolidar un nuevo paradigma de inversión y de ejecución de obras. La escolarización creciente demanda de una planificación estratégica y presupuestaria que contemple:
1- Déficit estructural:
Los años de desinversión colocan a la provincia en una situación de importante atraso en relación a las necesidades actuales de infraestructura escolar. Se necesita ejecutar construcción de escuelas, refacciones, ampliaciones, mobiliario, etc.
2- Planificación que acompañe el crecimiento poblacional:
Equipamiento y tecnología acorde a las especificidades, planeado entre los organismos de infraestructura escolar de la  provincia y las Direcciones de los Niveles y Modalidades.
3- Mantenimiento:
Continuo, sistemático y con financiamiento. Los organismos de representación descentralizados deben garantizar que el mantenimiento se realice durante la ejecución del plan de emergencia para saldar las deudas del pasado y la etapa de acompañamiento y desarrollo del crecimiento poblacional.
Los problemas que se deben superar:
GESTION: Complejidades en la articulación entre los organismos de representación provinciales y territoriales.
CIRCUITO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: Son de ejecución lenta, pasaje burocrático de un legajo por diferentes oficinas que no siempre mantienen un trabajo mancomunado y articulado entre sí. Retraso en los pagos de certificados de obra. Rescisión de contratos con poco porcentaje de obra de inicio o finalización. Falta de pautas claras para la asignación de presupuestos. En la actualidad la provincia mantiene un criterio arbitrario para la asignación de presupuesto de Obra.
SUPERVISION: Déficit en la cantidad de inspectores que deben supervisar la ejecución y finalización de obras. Falta de ámbitos de fiscalización de las licitaciones con representación de todos los actores que tienen institucionalidad en el territorio. Debería tomar relevancia el ámbito de las Unidades Ejecutoras de Gestión Distrital (UEGD).
Aprender, crear, comunicarse y disfrutar:
Por eso, desde la CTA y el SUTEBA entendemos que es preciso promover una iniciativa con el mayor consenso de todos los actores involucrados, que garanticen un fondo de financiamiento específico y sistemático para que frente a la problemática de infraestructura escolar, se anticipe y acompañe el desarrollo de las políticas públicas inclusivas, que considere los lineamientos de prevención y condiciones y medio ambiente de trabajo, que agilice el sistema burocrático financiero administrativo acortando los tiempos de aprobación y ejecución, generando unidades de fiscalización de empresas, de licitaciones y de ejecución de obras.
Que contenga una política unificada para el financiamiento proveniente de la Provincia y de la Nación.
Pero por sobre todas las cosas que garantice el derecho de nuestros pibes a estudiar y de los trabajadores de la educación a enseñar en una escuela pública, democrática, popular, que cuente con condiciones dignas para albergarlos en espacios que inviten a aprender, crear, comunicarse y disfrutar. ¡Vamos por más! Que así sea.

Fabiana Pérez Váldez y Vilma Alvarado

Fecha de publicación : 13-08-2012