La medida alcanza a establecimientos públicos y privados pero excluye los sistemas de monitoreo en espacios públicos instalados cerca de las escuelas por los municipios.

En su momento, el Consejo Ejecutivo Provincial del SUTEBA había realizado un documento en desacuerdo con la colocación de las videocámaras en escuelas, ya que atenta sin duda alguna contra la libertad de los niños/as y adolescentes que ya no podrán actuar libremente sino que serán vigilados por la autoridad educativa mediante filmaciones cuasi persecutorias. De igual modo se ve afectada la práctica docente de los trabajadores de la educación incidiendo negativamente en su desempeño y espontaneidad.”

Cuando se constató la presencia de aparatos en la escuela 22, ubicada en 23 y 75 del barrio Altos de San Lorenzo, el juez ordenó “a la Municipalidad de La Plata y a la Provincia de Buenos Aires que de manera inmediata se abstengan de permitir la existencia o proveer todo tipo de sistema de registro-video” en los establecimientos educativos. “La acción es preventiva. No hay constancia de que otros distritos hayan colocado cámaras en  los colegios. Pero el tema no está legislado y por lo tanto la instalación no tiene límites”.