Santiago Maldonado desapareció el 1º de agosto de 2017 luego de que la Gendarmería reprimiera brutalmente a la comunidad mapuche de Cushamen en la provincia de Chubut.

Hace un año que la noticia de su desaparición, en plena Democracia y luego de una feroz represión, estremecía a la sociedad argentina.

Hace un año que el Gobierno Nacional negaba lo ocurrido y construía relatos falaces.

Hace un año ya que los medios de comunicación sumaron a este horror, desinformación y confusión amplificando mentiras.

Estela de Carlotto repudiaba entonces el accionar de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y sostenía que "la desaparición de Santiago nos retrotrae a épocas oscuras que no podemos permitir que regresen" y Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresaba, antes de la aparición del cuerpo de Santiago ocurrida meses más tarde, que "hemos retrocedido 40 años con esta desaparición, hay pruebas evidentes de que el Estado es culpable de esto".

La sociedad fue testigo y se consternó ante las actitudes negacionistas del Gobierno Nacional que se refería al hecho como un "extravío de persona", ofrecía recompensa para obtener datos del joven cuando era de dominio público que el Viceministro de Seguridad de la Nación estuvo a cargo del operativo en el que desapareció Santiago Maldonado, entre tantas otras operaciones mediáticas que distorsionaron la verdad. Todos hechos irrespetuosos y agraviantes para Santiago, sus familiares y todo el pueblo argentino.

Hasta hoy no hay ningún detenido, ningún acusado o juzgado por la desaparición y muerte de Santiago. Las investigaciones continúan transitando una justicia lenta, justicia por Santiago que tarda en llegar.

En el transcurso de este año hubieron dos intentos de modificación de carátula de la causa judicial en la que se investiga lo ocurrido en la Pu Lof de Cushamen, molesta a las autoridades la carátula actual de "desaparición forzada seguida de muerte" en esta investigación. Un primer intento surge de la Fiscal Federal de Esquel, Silvina Ávila, quien le solicitó a Guillermo Lleral, Juez de la causa, su modificación. Y el segundo surge directamente del Gobierno a través de una presentación en este sentido, hecha por el abogado Fernando Soto, quien representa los intereses del Ministerio de Seguridad de la Nación. En ambos casos, el Juez se negó rotundamente a modificar la carátula actual, remarcándole al abogado del Gobierno que "el Ejecutivo no es parte del caso, ni como imputado, ni como querellante, ni como fiscal ni como defensor. No reviste la calidad de parte procesal legitimada en estos autos de conformidad con nuestra ley procesal", escribió, en mayúsculas y subrayado. (Infobae, 30 de julio de 2018).

A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA SEGUIDA DE MUERTE DE SANTIAGO MALDONADO seguimos exigiendo Justicia y castigo a los responsables intelectuales y materiales de su muerte.

Desde SUTEBA, junto a los familiares de Santiago y los Organismos de DDHH, convocamos a la concentración en Plaza de Mayo para el 1º de agosto a las 17 hs.


¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!

¡VERDAD Y JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO!