SUTEBA RECHAZA LA MODIFICACIÓN POR DECRETO DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL

La intención del gobierno de modificar la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental Nro. 26657 no sólo viola la letra de dicha Ley aprobada por unanimidad en el 2010, sino que también eliminaría la perspectiva de Derechos Humanos y volvería a instalar el modelo manicomial como principal abordaje de problemas de salud mental.

 

Desde que se conoció el proyecto de reforma del Decreto Reglamentario 603/2013, que pretende arrasar con el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental, numerosos actores del campo de los Derechos Humanos y de la Salud se han movilizado para manifestar el repudio y organizarse con el fin de defender una Ley que fue producto de una construcción colectiva, de un largo proceso de debates y consensos en el que participaron múltiples sujetos (individuales y colectivos) de todo el país.


El Decreto del Ejecutivo pretende reinstalar la idea de manicomio como lugar natural de abordaje de los padecimientos mentales, modifica la concepción de la salud mental reduciéndola a una perspectiva meramente biologicista, vuelve a la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad y lesiona claramente el derecho a una defensa técnica de las personas. Además, quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión  de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación, quién ejercería un control sobre si mismo, con una nueva conformación plenaria y modalidad en la toma de decisiones que desequilibra la pluralidad de sectores.


La Ley de Salud Mental actual ubica en el centro de las intervenciones a las personas y a sus Derechos. Este proyecto pretende volver a tomar a las personas con sufrimiento o padecimiento mental como objetos prescindibles a quienes se debe normalizar.

Es inconcebible que se pretenda arrasar los consensos alcanzados a través de un decreto inconsulto, elaborado a puertas cerradas. Así lo han señalado diversas instituciones, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones.

La Ley 26.657 es reconocida internacionalmente por su carácter protector de los derechos de las personas con padecimiento psíquico. Este Decreto que se ha logrado frenar pero que continúa siendo una amenaza violaría la Constitución Nacional y las normas internacionales a las que nuestro país adhirió desde hace más de un cuarto de siglo: la Ley Nacional de Salud Mental y el Código Civil y Comercial Nacional. Aparece en franca contradicción con los derechos y directrices emanadas de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, oponiéndose al modelo social de discapacidad.

Desde SUTEBA rechazamos esta concepción de salud mental que se quiere imponer, entendiendo que este decreto no es un hecho aislado sino una parte más de ese engranaje que se ha puesto en marcha desde el Poder Ejecutivo para arrasar con las conquistas en materias de Derechos.

 

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Comunicado del CELS