1. Memoria
En la doctrina del General Mosconi e Hipólito Yrigoyen, el Estado debía tener el monopolio legal del petróleo, a pesar que ya existía participación de las multinacionales Shell y Esso, participación que se incrementó durante todas las Dictaduras y Gobiernos de Facto (1930-1932; 1976- 1983). De todos modos, la producción de YPF siempre superó a la del sector privado, lo cual era el objetivo buscado por Mosconi: que el Estado contara con una gran empresa, para poder hacer frente a la demanda interna, proteger la economía para que el precio de crudo no condicionara el desarrollo o atentara contra los intereses del país.
Durante la presidencia de Arturo Frondizi nuestro país alcanza el autoabastecimiento de petróleo, es decir, no se necesitaba importar un solo barril para satisfacer la demanda interna.
Como la mayoría de las empresas públicas argentinas, YPF fue privatizada durante el gobierno de Carlos Menem. El primer paso fue llevar YPF de una Sociedad del Estado a una Sociedad Anónima. Luego, a partir 1993, paulatinamente la nación y las provincias fueron desprendiéndose de sus acciones en YPF, completándose la privatización en 1999. Ese mismo año REPSOL compró el otro 73% de las acciones del sector privado. Esto significó la definitiva desnacionalización de la empresa, ya que todas las acciones estaban en manos de capitales y empresas trasnacionales.
Pero REPSOL sólo explotó los pozos heredados de YPF y exportó la mayor parte de su producción al mercado internacional. Las ganancias obtenidas no fueron reinvertidas en exploración para incrementar la producción, sino utilizadas para comprar yacimientos en otros países. A pesar de no invertir, REPSOL, siguió obteniendo ganancias. Gracias a esto pasó de ser una petrolera insignificante a una de las más importantes del mundo. REPSOL destinaba la mayor parte del petróleo extraído en nuestro país a naftas premium y combustible de aviones, los productos que mayores ganancias le reportaban. Otro de los aspectos de su política fue acopiar el petróleo —produciendo desabastecimiento—, para lograr mayores precios, siendo su objetivo que los precios en el mercado interno se equipararan a los precios internacionales; es decir, que nuestro país, siendo productor de petróleo, pague el combustible lo mismo que un país que no posee una gota del hidrocarburo.
El resultado de esta política fue que las reservas de petróleo y la producción cayeron casi a la mitad, y el Estado se vio obligado a importar cantidades cada vez mayores de petróleo y gas para satisfacer la demanda interna. Este año el petróleo importado superó al producido en el país; con lo cual este esquema de gestión empresarial, en nuestro país, se tornaba inviable.
2. Soberanía
Este año, el de los 30 años de la Guerra de Malvinas, creemos es el año de la Soberanía. Pero el concepto Soberanía significa algo más que soberanía territorial. Soberanía es poder decidir qué, cúanto y para quiénes producir; qué alimentos vamos a consumir, qué y cómo se va a enseñar en nuestras escuelas, poder de decisión sobre las artes y bienes culturales que se producirán en nuestro país; en fin, es un complejo entramado de relaciones entre la política, la sociedad, la economía de un país en relación con el resto de los países del globo. En ese complejo, no siempre es necesario el uso de la fuerza para condicionar la decisión soberana de un país. Y esa decisión soberana debe estar en función de los intereses del pueblo.
Recordemos la llamada “Crisis del campo”, algunos dirigentes rurales decían: “el mundo quiere soja, démosle soja”. En esto también hay una cuestión de soberanía, si “el mundo” quiere soja y para ello dejamos de producir trigo, avena, ganado —que son los alimentos que en nuestro país se consumen—; luego, estos alimentos escasean y se encarecen. Esto significa que el “mundo” —que bien pueden ser dos países o una potencia extranjera—ha decidido por nuestro país qué y cuántos alimentos se deben producir e, indirectamente, qué alimentos vamos a tener que consumir. Es decir, no somos soberanos, perdimos nuestra Soberanía Alimentaria.
El pasado 16 de abril, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para que el Estado argentino recupere la soberanía nacional en materia hidocarburífera, declarando el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. Una vez que se sancione la expropiación en el Congreso, de ese 51% expropiado, un 49% irá a las provincias, y el 51% restante al Estado Nacional. Con esta medida los argentinos, vamos a poder demandarle al Estado que YPF produzca combustibles a precios que se correspondan con los ingresos de los trabajadores, podremos decidir, podremos tener nuestra propia política petrolera, ya no la va imponer una empresa trasnacional.
Vale la pena recordar, —siempre es bueno hacer memoria en las victorias— que las nuevas formas de resistencia a las políticas neoliberales de los años ’90, se inician con la privatización de YPF, como resistencia a los despidos de trabajadores, de esas resistencias nacen los primeros piquetes, en Caleta Olivia, en Cutral-Có, Plaza Huincul y, una triste paradoja, en Gral Mosconi.
YPF es más que “la petrolera estatal”, es un símbolo que da cuenta de un modelo de país, soberano, que luchaba por desarrollarse. Y es tan profundo ese sentimiento en nuestro pueblo, que REPSOL nunca se atrevió a cambiarle el nombre a la empresa dado el rechazo popular que esto producía. Como Sindicato de Trabajadores de la Educación no podemos más que apoyar fervientemente y celebrar este avance en materia de soberanía y enmarcarlo dentro de todos los avances que los trabajadores y el pueblo conquistan transitando este modelo de país Nacional, Popular, Latinoamericanista y Democrático.
COMISION EJECUTIVA SECCIONAL
SUTEBA LA PLATA
