Por Roberto Baradel, Secretario General, SUTEBA
En cada uno de estos multitudinarios encuentros estuvo muy fuerte el recuerdo de todos los compañeros que a lo largo de estos años participaron de la construcción de esta potente realidad que es hoy el SUTEBA. De los que gestaron los sueños de un sindicato unificado de trabajadores de la educación de la Provincia y de los que con su compromiso, e incluso con su vida, llevaron adelante esos sueños y los de poder transformar la educación de nuestro país y construir una enseñanza liberadora para un país emancipado.
Mantener viva la memoria de todo este proceso -del que miles de compañeros docentes de la provincia hemos sido y somos protagonistas- es parte del sentido que han tenido estas Jornadas. Otro elemento central en la construcción de ese sentido es el debate ideológico que queremos dar en las escuelas: el acto de educar es un acto político, la pedagogía está absolutamente vinculada con la política. Es verdad que los argentinos hemos tenido muy malas experiencias en cuanto a lo que significa la política partidaria. Pero el poder, muy inteligentemente, nos ha hecho concebir a la política como una mala palabra. Si no entendemos que la pedagogía está vinculada con lo político, estamos adscribiendo a una concepción que nos ubica a los docentes como meros ejecutores de las políticas que definen otros, en otros lugares y -en la gran mayoría de los casos- en contra de los intereses de los alumnos y de los trabajadores.
El debate en las escuelas
Sostener la vinculación de la pedagogía con la política es fundamental hoy en el debate que se abre alrededor de la nueva ley nacional de educación. En este debate nos tenemos que reconocer como sujetos políticos con opinión, con participación activa en la elaboración de los proyectos políticos de nuestro país. Algunos dicen “en esa ley ya está todo armado”; decir esto es un acto de resignación y se convierte en funcional a los intereses de los gobiernos que, sobre esa resignación, avanzan con sus decisiones sin tener en cuenta la opinión de los trabajadores. Desde CTERA le planteamos al gobierno nacional que queremos que se debata la nueva ley en cada una de las escuelas. Con el gobierno provincial logramos tres jornadas con suspensión de clases para que se pueda dar esa discusión. En esas Jornadas, remarcando nuestra autonomía, vamos a poner a discusión, junto a los documentos oficiales, un documento de los trabajadores de la educación que no es fruto de la producción intelectual de algún investigador o dirigente sindical, sino las propuestas que elaboramos los docentes de la provincia de Bs. As. a lo largo de la lucha de estos últimos años contra las políticas neoliberales, sintetizadas y ratificadas en el Congreso Educativo del Frente Gremial Docente Bonaerense. También vamos a enviar a las escuelas la propuesta de CTERA, producto del debate de todas las organizaciones de base del país. No pretendemos que estas propuestas sean aprobadas a libro cerrado, sino que sean un aporte para el debate de los compañeros. Lo fundamental es que ese debate se haga y que haya participación. Nosotros, en la comisión con la DGCyE velaremos para que las conclusiones de las escuelas, que previamente nos van a llegar a través de cada una de las seccionales, no sean tamizadas de forma interesada.
En esos documentos estamos planteando, entre las cosas centrales, la universalización del nivel inicial, no sólo con la obligatoriedad de la sala de cinco, que hoy no se cumple, sino también con la extensión a los jardines maternales. Estamos planteando que no estamos de acuerdo con la escuela secundaria básica, queremos reconstituir una escuela secundaria para los adolescentes, que constituya una sola unidad pedagógica con un diseño curricular único, y no esta ficción de las ESB que no tienen espacio, no tienen los cargos, ni tienen diseño curricular, y van a terminar fragmentando aún más el sistema educativo. Todo esto en el marco de la responsabilidad indelegable del Estado en materia educativa, y de una responsabilidad concurrente con los estados provinciales, que conciba a la educación como un derecho social y garantice su pleno ejercicio. En esta línea, planteamos excluir de la nueva ley la posibilidad de incorporar la educación en los tratados de libre comercio, que es lo que pretenden muchos organismos financieros internacionales.
La lucha por la Convención Colectiva de Trabajo
También planteamos fuertemente el derecho de los trabajadores de la educación a discutir las condiciones de trabajo en Convenciones Colectivas. A veces se contrapone el Estatuto con las Paritarias y se le da a aquel una supremacía que no tiene. Porque el Estatuto es una Ley que puede ser modificada unilateralmente, como de hecho lo ha sido muchas veces estos años, por los Legisladores, mientras que la Convención Colectiva en un acuerdo de partes entre los trabajadores y la patronal, en este caso el Estado Provincial, que sólo puede ser modificado por acuerdo de ambas partes. Pretendemos que el Estatuto del Docente pase a convertirse en el piso del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes de la provincia de Buenos Aires y que a partir de ahí se empiecen a plantear todas las modificaciones que haya que discutir con respecto a las condiciones de trabajo.
El proyecto de Convenciones Colectivas de Trabajo que logramos consensuar con el gobierno provincial, y que acaba de enviar a la Legislatura, plantea dos principios que son claves. Uno es el de la ultra actividad, que establece que si finalizada la vigencia de la convención colectiva de trabajo no se firmó un nuevo convenio no se caen las condiciones antes pactadas. El otro es el de progresividad, que plantea que no se puede firmar un convenio colectivo que sea inferior en condiciones de trabajo a un convenio anterior.
Un tercer punto al que nos opusimos frontalmente fue el que sostenía el Ministro de Trabajo provincial, que pretendía que se calificara a la educación como “servicio esencial”. Se califica a una actividad como esencial cuando su paralización total pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas; por lo tanto se establecen “servicios mínimos”. Calificar a la educación como un servicio esencial y establecer en las escuelas servicios mínimos implicaría, por ejemplo, que los 600 chicos que en una escuela están cotidianamente a cargo de 20 docentes, pasarían a estar a cargo de cuatro o cinco docentes. Obviamente se estaría poniendo en riesgo la seguridad de esos chicos. En realidad, la calificación de servicio esencial estaba planteada para restringir el derecho de huelga de los trabajadores de la educación. Finalmente logramos que el gobierno provincial incluyese un artículo en el proyecto, donde se establece taxativamente que la educación de la provincia de Buenos Aires no va a ser calificada como servicio esencial a los efectos de la restricción al derecho de huelga. Cuando el proyecto se trate en la Legislatura, vamos a convocar como Frente Gremial a una movilización para garantizar que se sancione tal como fue consensuado.
Compromiso con la liberación de nuestro pueblo
La disputa por todas estas cuestiones, junto a la discusión por el salario docente, los cargos en las plantas funcionales y la pelea por los temas de infraestructura están enmarcados en la lucha por transformar la escuela pública. Porque no se trata sólo de defender la educación pública de los intentos privatizadores de las políticas neoliberales. También tenemos que discutir qué tipo de escuela queremos. Si una escuela que reproduzca el orden social absolutamente injusto que tenemos hoy en nuestro país o una escuela que se plantee cambiar esa realidad formando ciudadanos críticos, con plena conciencia de sus derechos y con conocimientos que les permitan transformar no solamente su realidad individual sino la del conjunto de su comunidad.
Para esa pelea también necesitamos recuperar la memoria de los que nos precedieron en la lucha. La historia oficial muchas veces presenta como héroes a personajes que han sido nefastos, y es una cuestión que los docentes debemos revisar; los trabajadores tenemos que reconocer a los verdaderos héroes de nuestro país. Isauro Arancibia fue un maestro tucumano, dirigente del sindicato provincial y secretario general de CTERA en 1976; era por sobre todo un comprometido militante de la educación pública y popular. Dos días antes del golpe militar le avisaron que los represores “irían” por él. Cuando sus compañeros del sindicato le pidieron que se escapara, Isauro con una actitud enorme de compromiso y dignidad se negó a abandonar la defensa de sus maestros. En la madrugada del 24 de marzo de 1976 lo asesinaron en la sede de su sindicato. Fue el primer asesinado por la Dictadura Militar. Isauro decía: “No hay maestro cierto y auténtico que no esté comprometido con la lucha y con la liberación de su pueblo”.
Ese es el compromiso que asumió SUTEBA hace 20 años y ese es el compromiso que tenemos los docentes de la provincia de Buenos Aires para seguir peleando por una escuela pública, popular y democrática.
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