En esta etapa entendemos fundamental, trabajar sobre tres ejes prioritarios en lo que hace a la continuidad y a la transformación de la Escuela Pública.
El primero es el derecho social a la educación. Concebir a la educación como un derecho de nuestro Pueblo y no como una mercancía que se oferta a través de servicios que prestan indistintamente actores estatales y/o privados, es el primer paso para poder defenderla.
Editorial: Una Escuela Inclusiva, que construya y distribuya democráticamente el conocimiento
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Para que exista un efectivo goce de este Derecho es primordial llevar adelante estrategias de inclusión, que posibilite que los chicos puedan ingresar al sistema educativo formal y permanecer en él, y a la vez que éste no se convierta, como se pretende desde las usinas del poder, en un factor de contención y disciplinamiento social, sino por el contrario que el proceso de enseñanza-aprendizaje genere las condiciones para que la escuela sea una herramienta de construcción, distribución y apropiación del conocimiento.
Para esto debemos reclamar de manera urgente, por un lado, el diseño y la ejecución de Políticas activas orientadas a posibilitar que nuestros alumnos concurran a las escuelas en otras condiciones (becas, comedores escolares, útiles, zapatillas, guardapolvos, atención sanitaria, etc.), y por el otro las modificaciones de las condiciones enseñanza-aprendizaje (cantidad de alumnos por curso, material didáctico, currículo, medios de apoyo técnico-pedagógico, equipos de orientación escolar, recursos humanos, recuperación de los tiempos y espacios pedagógicos, organización escolar, etc.)
Es imprescindible, entonces, plantear con mucha fuerza el segundo Eje: el derecho a discutir nuestras condiciones de trabajo.
Lamentablemente a los docentes, nos costó tiempo y largas discusiones, reconocernos como Trabajadores de la Educación.
No es casual que desde diferentes estamentos del poder se nos hablara de sacerdocio, de vocación, de entrega y nunca de Derechos. Se nos trata de ubicar en el rol de meros ejecutores de las políticas que diseñan unos pocos y de las cuales sufrimos las consecuencias la mayoría.
Nuestro Régimen Laboral, nuestro salario, nuestro trabajo, las condiciones de seguridad e higiene, la organización escolar no sólo no son incompatibles con el Derecho Social a la Educación, sino que son parte integrante del mismo. Nuestras condiciones de trabajo, repercuten directamente en las condiciones de aprendizaje de nuestros alumnos.
Discutir las mismas y exigir otras condiciones implica interpelar y cuestionar las Políticas que nos llevaron al actual estado de cosas.
Permitir que una mayoría circunstancial en la legislatura, y un partido político desde el ejecutivo, definan arbitrariamente sobre nuestras condiciones laborales y sobre el destino de la Educación es renunciar implícitamente a la defensa de la Escuela Pública.
El Gobierno debe cumplir con el art. 14 bis. de la Constitución Nacional, el art. 39 de la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires y los Convenios 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, para lo cual debemos exigir la sanción de una Ley de Paritaria Docente que obligue a los gobiernos a sentarse necesariamente con los legítimos representantes de los trabajadores, siendo los mismos trabajadores los que en cada lugar de trabajo, en cada sindicato de base, decidamos cuáles son las cuestiones que debe contener nuestro convenio laboral. Cuestiones que, por otra parte, no van a ser concesiones graciosas de ningún gobierno de turno, sino una resultante de la lucha y la organización de los trabajadores de la educación.
La lucha que sostuvimos en el año 2003, es una buena muestra de ello.
El tercer eje es el derecho que nos asiste a los docentes y a la comunidad educativa de ser parte del debate y del diseño de la políticas educativas.
Existe una experiencia negativa y absolutamente traumática, que fue y es la Ley Federal de Educación y la Reforma Educativa en la provincia de Buenos Aires.
Es la aplicación lisa y llana de la política Neoliberal en Educación
Además de reducir a la Escuela a la función de contenedora social, tenía como objetivo crear una gran fábrica de mano de obra barata disciplinada socialmente.
Lo que las privatizaciones fueron para el Estado y la política económica de ajuste para el tejido social argentino, la Ley Federal y la reforma educativa lo fueron para la educación. Con una salvedad, la resistencia de la CTERA, del SUTEBA y del Frente Gremial Docente Bonaerense, en conjunto con la comunidad educativa, hicieron posible que hoy siga existiendo la Escuela Pública.
Son muy valiosas en este sentido, las luchas docentes como lo fue la Marcha Blanca, las Movilizaciones del año 92 rechazando la transferencia de escuelas, la lucha contra la ley Federal de Educación, las movilizaciones multitudinarias rechazando la aplicación de la reforma, la instalación de la Carpa Blanca, la movilización contra el ajuste que convocó a más de 60.000 trabajadores en La Plata en el año 2001, el Campamento Educativo durante el año 2002 frente a la DGC y E, la Marcha de Tigre a la Plata en conjunto con los Trabajadores Desocupados, las caravanas educativas por los distritos, los congresos educativos que convocó CTERA y el SUTEBA y el extraordinario proceso de debate y de lucha que durante el año 2003 se desarrolló en la amplia mayoría de las escuelas y en las calles de nuestra provincia y que dio como resultante el Primer Congreso del Frente Gremial Docente Bonaerense, cuyas conclusiones son un mandato ineludible para la Defensa de la Escuela Pública.
Es responsabilidad de todos nosotros el garantizar las condiciones para poder cambiar el rumbo de la lógica Neoliberal imperante. Sólo será posible la Transformación de la Escuela y de esta realidad si somos capaces de organizarnos, de hacer propuestas y de luchar junto a los padres por la Escuela que queremos y por el país que soñamos.
Roberto Baradel
Secretario General
SUTEBA