Los Trabajadores de la Educación obstinadamente sostenemos y defenderemos con hechos en las escuelas, en los barrios y en las calles, que debemos Cuidar a nuestros niños y no “cuidarnos” de ellos. Para ello nos planteamos y exigimos al Estado la urgente construcción de un sistema protectorio de derechos para los niños y jóvenes; siendo esto posible únicamente, a partir de decisiones políticas que definan la implementación y profundización de políticas públicas universales y sostenidas en el tiempo para niñ@s y jóvenes (en mismo sentido de la Asignación Universal por Hijo). Es esta la única posibilidad para evitar la judicialización de la pobreza, la penalización de la Juventud, y la estigmatización de la adolescencia impuestas desde los sectores hegemónicos y las corporaciones mediáticas que los expresan. El actual Régimen Penal Juvenil (RPJ) lejos de promover acciones preparatorias, sanciona, discrimina, estigmatiza y los excluye socialmente. Por eso entendemos fundamental su modificación para promover un sistema de responsabilidad penal juvenil que se aplique a los jóvenes a partir de los 16 años (en conflicto con la Ley) que establezca claramente medidas reparatorias en el marco de lo establecido por la Convención Internacional por los Derechos del Niño y otorgue a los mismos las garantías procesales acordes a su edad para garantizar plenamente sus derechos.   Bajar la edad de detención a los 14 años, en lugar de poner freno a las detenciones, autoriza la ilegalidad estatal, que ya incumple con la Convención Internacional por los Derchos del Niño. En este sentido reafirmamos que NO es judicializando a mas temprana edad, como se resuelven las situaciones de violencia social que hoy nos atraviesan, pues ningún sistema penal resuelve las situaciones conflictivas y de vulneración de derechos que afectan hoy a millares de niñ@s y jóvenes.     Entendemos que la situación de la niñez y la adolescencia impone un debate profundo desde lo ético, lo social, lo económico y lo político que ponga en el centro del mismo las causas principales del delito y no la edad de imputabilidad de los jóvenes. Desde el SUTEBA sostenemos que los ejes de discusión deben ser: Ø · Los niveles de pobreza , indigencia e inequidad originados a partir de las políticas neoliberales instaladas en nuestro país. Ø · La corrupción policial en la Pcia. de Buenos Aires y la connivencia con sectores del poder político y judicial. Ø · La penetración del negocio de la droga en la sociedad., principalmente en sectores de alta vulnerabilidad. Ø · La situación del sistema carcelario y de los institutos que albergan niños y jóvenes en condiciones indignas en la que solo prevalecen concepciones relacionadas con el castigo . Ø · La responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de un relato mediático generador de un imaginario social que estigmatiza y culpabiliza a los niños pertenecientes a los sectores mas vulnerados. La Argentina incorporó la Convención Internacional por los derechos del Niño y tardó 10 años más en comenzar a adecuar su legislación interna a la misma (Leyes de promoción y protección integral de los derechos de los/las niños/as ). Es hora de hacerla cumplir.