"Asumo mi responsabilidad en la guerra interna, mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes", afirmó esta tarde el dictador Videla al declarar ante el tribunal oral de Córdoba que lo juzga por delitos de lesa humanidad. Busca absolver al resto de los militares cómplices del genocidio.
El dictador dijo ante los jueces que no quería declarar nada sino "reiterar que asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses por todo lo actuado por el Ejército durante la guerra interna contra la subversión".
El asesino reiteró que el Consejo militar ya lo absolvió en 1984 y que incluso "al momento de la ocurrencia de esos hechos la Cámara Federal juzgó en mi caso todos los hechos a los que he hecho referencia; aquellos que no fueron expresamente condenados, han sido absueltos".
"Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa", insistió, como lo ha dicho en declaraciones en sede judicial donde se instruyen causas en su contra. "La asumo con total prescindencia de mis subordinados que cumplieron mis órdenes", remarcó.
Otro acusado en este juicio es el dos veces sentenciado Luciano Benjamín Menéndez, quien se negó a declarar: "No voy a declarar porque estos juicios son inconstitucionales".
Menéndez, como en ocasiones anteriores, hizo un alegato político: justificó la represión ilegal al decir que "la subversión marxista inició el asalto armado a nuestra patria" y reivindicó a la justicia militar. "Este tribunal es incompetente para juzgarme", enfatizó. Como Videla, desconoce los ambitos de la democracia. Quizás acostumbrado a ser el dueño de la vida de las personas, Menendez desconoce a los tribunales de la democracia. Esos mismos tribunales que él, y el resto de los genocidas les negaron a nuestros desaparecidos.
El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) abrió esta mañana el debate oral y público con la presencia de los 31 los imputados en las dos causas que se juzgan en este proceso, que comenzó el viernes último, y que acumula las causas UP1 (ahora llamada Videla) y Gontero (ahora denominada Menéndez).
En la causa UP1 Videla y Menéndez, junto a otros 23 represores, están imputados por el fusilamiento de 31 presos políticos alojados en un penal de la ciudad de Córdoba, ocurridos entre abril y octubre de 1976. Deben responder por los delitos de 'homicidio calificado, imposición de tormentos seguido de muerte y tormentos agravados'.
El caso Gontero tiene como principal imputado a Menéndez por los delitos de 'privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos', cometidos por ex policías del Departamento de Informaciones Policiales (D2) en contra de sus propios camaradas.
