En ese decreto el gobierno plantea a la educación como un servicio esencial, amenaza con sanciones a los docentes que realizan las medidas de acción, y hace mención al nombramiento de personal para dar clases.
"Sr. Gobernador Jorge Sapag, Sras. y Sres. Diputados: si no se deroga este Decreto y si persiste la intención de convertirlo en Ley la CTERA recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por considerar dicho decreto y su sanción en Ley como ILEGAL".